Por la dignidad y unidad normalista, marcha en Xalapa, Ver.

Por la dignidad y unidad normalista, marcha en Xalapa, Ver.

Con su uniforme de gala, azul marino con detalles rojos, normalistas, profesores y alumnos así como egresados iniciaron la marcha “Por la dignidad y unidad normalista”.

Alrededor de las 10:10 horas salió el contingente de las instalaciones de la Benemérita escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” caminando hacia la avenida Xalapa y con rumbo a Plaza Lerdo. En completo orden, en una marcha pacífica y encabezados por su director, Fidel Hernández Fernández, cientos de normalistas participan y continúan uniéndose por el recorrido.

Con una camioneta en la avanzada y bocinas dan a conocer a la población su inconformidad por la apertura de escuelas anexas.

Insisten en la destitución de la titular del jurídico Araceli Cabido y una disculpa pública por el trato déspota del que fueron objeto profesores y directivos.

Exigen respeto a su institución y el cese al hostigamiento por parte de la Dirección Jurídica y la Contraloría de la SEV a las instituciones educativas de la entidad.

Horas antes (porque algo deben) “las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ordenaron desalojar las oficinas de la Dirección Jurídica de esta dependencia estatal, la medida fue adoptada por la marcha “Por la Dignidad y Unidad Normalistas”, convocada por la comunidad de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”.

Con información de: alcalorpolitico.com

Anuncios

México, reprobado en materia de derechos humanos.

cu

PUBLICADO POR  ⋅ OCTUBRE 23, 2013 ⋅ DEJAR UN COMENTARIO

logo-AsiLegalDifusión Cencos, México D.F., mércoles 23 de octubre de 2013

Boletín de prensa
AsiLegal

  • En el primer EPU 48 países emitieron 159 recomendaciones al Estado Mexicano, 4 años después no hay ningún avance significativo.
  • La situación en materia de derechos humanos en México es grave y muy distinta a la presentada por el Estado Mexicano ante la ONU.
  • Los derechos de las personas privadas de la libertad no son respetados.

La representación del Estado Mexicano fue recibida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del segundo Examen Periódico Universal (EPU) que se le aplica a México. Se trata de un mecanismo de rendición de cuentas sobre las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos a nivel internacional al que son sometidos los estados miembros de la ONU.

El EPU permite que organizaciones de la sociedad civil elaboren los llamados “Informes Sombra” para contrastarlos con la información oficial entregada por los gobiernos en turno. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. contribuyó a la elaboración de estos informes, particularmente en el tema de derechos humanos de las personas privadas de la libertad junto con Documenta A.C. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE SJ) Universidad Iberoamericana Puebla.

Al respecto podemos afirmar que México es el séptimo país con más personas privadas de la libertad en el mundo (248,719 personas de las cuales el 5% son mujeres). Sin embargo el Sistema Penitenciario Mexicano solo tiene capacidad para 199,974, lo que significa una tasa de sobrepoblación penitenciaria a nivel nacional de 24.38%. Tan sólo el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora, Nuevo León y Puebla concentran el 50% de la población penitenciaria.

El 60% de las sanciones se asocian con delitos menores, sólo el 12% se vincula con delitos graves como homicidio, violación y robo violento. Merece mención aparte el hecho de que 42.91% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia.

En la primera revisión del EPU se hicieron 3 recomendaciones específicas en materia de derechos de las personas privadas de la libertad. Estas son:

– Mejorar las condiciones de vida en las prisiones (Francia).
– Investigar los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por oficiales en las prisiones y asegurar que sean sancionados (Portugal).
– Continuar desarrollando medidas para mejorar la situación en prisión y capacitar a los oficiales penitenciario (Portugal).
– Incrementar los recursos destinados al Sistema Penitenciario (Irlanda).

A cada una de ellas, el Estado Mexicano respondió con retórica y no con hechos. En el caso del aumento presupuestal al Sistema Penitenciario, este de ninguna manera ha significado una mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, cuyo número aumenta día con día debido a las fallas estructurales del Sistema de Justicia Mexicano.

Hacemos un llamado a los países miembro de la ONU a revisar con minuciosidad la verdadera situación en materia de derechos humanos en México, la cual es muy distinta a la presentada por el Estado Mexicano. Deben atenderse los diagnósticos y recomendaciones específicas que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo. Esto debe realizarse sin simulaciones y reconociendo de entrada la grave crisis en materia de derechos humanos que se vive en México.

Sobre el tema de los derechos de las personas privadas de la libertad, volvemos a lanzar las recomendaciones específicas que presentamos en nuestro informe sombra junto con Documenta A.C. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE SJ) Universidad Iberoamericana Puebla:

1. Aprobar la Ley General para la Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales, asegurándose que en esta ley se garantice la jurisdicción independiente tanto sobre las condiciones de vida al interior de los centros de reinserción como en lo relativo a la duración, modificación o terminación de la sanción impuesta en el proceso penal, y en las cuales se eliminen los estudios de personalidad y peligrosidad, por ser las deficiencias más recurrentes en las leyes estatales aprobadas.

2. Evitar los traslados forzados y aquellos que se hacen mediante engaños, es decir, ofreciendo a los internos/as condiciones de vida distintas de las que realmente tendrán o reducciones de la pena que no se cumplirán, principalmente entre los Centros Federales. Los internos deberán ser trasladados a los centros más cercanos a su domicilio, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar la cercanía con la familia y la reinserción.

3. Promover la comunicación y las visitas de los familiares, que sólo deberán restringirse en los casos estrictamente necesarios. Asimismo, debe mejorar el trato que reciben los familiares cuando acuden a visitar a los internos.

4. Mejorar la capacitación del personal y sus condiciones de trabajo a fin de evitar los malos tratos, golpes, abusos y humillaciones que la mitad de los internos reportó.

5. Con el fin de contar con un modelo penitenciario congruente con el nuevo modelo de justicia penal, orientado a sancionar los actos y no la personalidad, deben revisarse los sistemas de clasificación que tienen por consecuencia restricciones a los derechos delos internos que en ocasiones resultan desproporcionadas e injustificadas y que imponen penas adicionales a las impuestas por el poder judicial.

6. Revisar los castigos que muchas veces se imponen de manera discrecional y arbitraria sin contar con un reglamento que los estipule y los regule.

7. Diseñar programas que permitan dotar de actividades laborales, educativas, deportivas, de capacitación y de salud para las y los internos.

8. Diseñar un modelo de atención específico para las mujeres que tome en cuenta las condiciones de desventaja de esta población y los delitos de bajo perfil por los que se encuentra la mayoría sentenciada.

9. Tomar en cuenta los delitos de los sentenciados y las condiciones en que son cometidos para evaluar los costos y los beneficios así como la justificación y la pertinencia del uso de sanciones de prisión para cada caso.

10. Establecer y garantizar en ley mecanismos de contraloría y vigilancia social ciudadana sobre las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en prisión.

11. Expedir y aplicar manuales de procedimientos sobre el ingreso, estancia y egreso de personas privadas de libertad con perspectiva de género.

12. Informar puntualmente sobre las medidas de súper, ultra y máxima urgencia y eficacia que adoptará para garantizar condiciones de vida digna al interior de los nuevos complejos penitenciarios federales que actualmente se construyen. Los sistemas de máxima seguridad que imponen duras condiciones de aislamiento a los internos deben ser sometidos a un análisis científico serio, que permita evaluar sus resultados y efectuar los cambios que resulten necesarios.

13. Intensificar la capacitación del personal de seguridad y custodia, en materia de derechos humanos y perspectiva de género e invertir en el personal penitenciario para ampliar el número de custodios, y mejorar los salarios.

Atentamente

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.

México D.F. a 23 de octubre de 2013

Consulta el informe de la Coalición por los derechos de las personas privadas de la libertad,  México 2013

Consulta en inglés el informe de la Coalición por los derechos de las personas privadas de libertad México 2013 (inglés)

Para mayor información:
Fernando Hernández Banda, Coordinador del Área de Comunicación

Página web: Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. 
Dirección: Palenque 269, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, México, D.F.
Teléfonos: 5687 8759; 5639 6755 y 5523 2690 ext. 12
Móvil: 044 55 37 03 39 87

Propone EPN la suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública

 

 

  • Fuente: Omar Aguilar

Propone EPN la suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública

Dentro del paquete de cinco iniciativas que envió al Poder Legislativo denominadas en materia de derechos humanos, destaca la reglamentación del artículo 29 constitucional, la cual dice tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades de las autoridades.

El Ejecutivo Federal propuso al Congreso la suspensión de derechos y garantías en caso de registrarse cuatro acciones, tales como, la invasión y perturbación grave de la paz pública.

Dentro del paquete de cinco iniciativas que envió al Poder Legislativo denominadas en materia de derechos humanos, destaca la reglamentación del artículo 29 constitucional, la cual dice tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades de las autoridades.

Asimismo, norma el procedimiento para restringir o suspender el ejercicio de determinados derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad.

Indica que estas modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 establecen los supuestos en los que será procedente someter a consideración del Congreso, o de la Comisión Permanente, la suspensión de derechos y sus garantías.

Además de la invasión y perturbación grave de la paz pública; se encuentran las afectaciones graves a la seguridad nacional, en términos de la ley en la materia; las afectaciones graves a la seguridad interior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y las afectaciones graves a la salud pública o desastres naturales o antropogénicos de gran magnitud e impacto a la población.

El texto señala que se propone otorgar un plazo de 72 horas para que el Congreso o la Comisión Permanente resuelvan sobre la restricción o suspensión.

“Con las modificaciones propuestas, en el Artículo 29 se establecen límites materiales en la suspensión de garantías pues no se podrán suspender los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; y tampoco las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”.

El primer mandatario pidió al Senado de la República retirar la reserva formulada por México al depositar el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a efecto de que, como lo establece la Convención, la desaparición forzada no se considere como un acto que guarda relación con la disciplina militar.

De esta forma, la desaparición forzada de personas, por tratarse de un delito que atenta contra los derechos humanos, será juzgada en tribunales del orden civil aun cuando se involucre a personal militar. Este retiro reconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y su recepción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al derecho humano y principio de juez natural en los términos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Otra de las iniciativas enviada al Congreso de la Unión por el Primer Mandatario, tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo Federal podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras.

En la propuesta se restringe la facultad discrecional absoluta que tiene el Ejecutivo Federal, al establecer que sólo serán sujetos de expulsión las personas extranjeras que realicen actos u omisiones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional, o para el orden o la seguridad públicos, de conformidad con la legislación en la materia, así como en términos del Artículo 33 de la Constitución.

También se establece un procedimiento de expulsión que garantiza el derecho de audiencia y el debido proceso. El procedimiento no podrá exceder del plazo de dos meses.

Además, señala que contra el acuerdo del Ejecutivo Federal que determine la expulsión de la persona extranjera, sólo procederá el Juicio de Amparo.

Por otra parte, el Ejecutivo Federal también pidió retirar las reservas formuladas a los siguientes instrumentos internacionales en materia de expulsión de extranjeros, con el objeto de asegurar la garantía de audiencia:

1.    Convención sobre Condiciones de los Extranjeros.

2.    Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

3.    Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

4.    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.    Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6.    Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

La solicitud de retiro de dichas reservas se hace en virtud de que se reconoce en la Constitución Política y en la nueva Ley que propone el Presidente de la República, que los extranjeros sólo pueden ser expulsados previa audiencia y en supuestos restringidos.

También se envía una reforma al código penal y a la ley del ISSSFAM

Alumna rechaza leer discurso a modo frente a Peña y lanza reclamo

22 DE OCTUBRE DE 2013  DESTACADO
Peña durante su discurso en Jalisco. Foto: Xinhua / Xolo
Peña durante su discurso en Jalisco.  Foto: Xinhua / Xolo

BXSXN_BCEAACk0W

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto reiteró aquí que las reformas fiscal, energética y educativa tienden a tener un mejor país en el futuro.

En el cierre de la Cumbre de Negocios que tuvo lugar en esta ciudad durante lunes y martes, Peña Nieto defendió las tres propuestas de reforma que están en el Congreso.

Sin embargo, durante el evento se registró un incidente, cuando Brenda Patricia Treviño, una de las estudiantes becadas para asistir al encuentro empresarial, se negó a leer un discurso que le entregaron en mano. En lugar de ello, improvisó y reclamó al gobierno y a los líderes del país que no escuchen lo que tiene que decir la juventud.

Presumiblemente, el discurso que tenía preparado le fue censurado, por lo que, aunque nerviosa, Brenda se lanzó a la palestra y expresó:

“Uno como joven está abajo del gobierno, uno recibe golpes del gobierno cuando van y te dicen que lo que tú preparaste para hablar aquí no es bueno, que mejor digas ‘gracias por la oportunidad de traernos, me gustó el programa, muchas gracias’”, reveló la estudiante y agregó que lo que quiere la juventud es que la escuchen.

“Pero el gobierno no nos lo permite; de verdad que ahorita yo fui muy valiente”, finalizó en su intervención.

En tanto, Peña Nieto destacó que la reforma fiscal tiende a modificar leyes para que las instituciones financieras puedan ser más competitivas entre sí y ofrezcan créditos más económicos a sus clientes.

También aseveró que, si bien la propuesta denominada hacendaria es polémica, tiene el propósito de recaudar más impuestos, puesto que México es de los países de la región con menos ingresos por ese concepto, independientemente de que a través de los beneficios que traiga consigo propiciará políticas públicas que generen, entre otras cosas, el seguro contra el desempleo, por ejemplo.

Sobre la reforma energética, enfatizó que no se pretende privatizar lo que es de la nación.

Lo que se busca, aseguró, es evitar el rezago en la materia, pues mientras que otros países van a la vanguardia y Estados Unidos es ejemplo de eso, al grado de que su energía es más barata y que en cinco años será autosuficiente en la materia y las empresas preferirán instalarse allá, en México estamos estancados.

Peña Nieto subrayó que no hay riesgo de que el país vaya a perder la propiedad de sus recursos naturales ya que sólo se trata de una reforma que considera otro modelo que ha probado su eficiencia en otras partes del mundo y que ayuda a bajar los costos energéticos.

En suma, las reformas tienden a hacer de México un país más competitivo en todos los órdenes, dijo el Ejecutivo federal.

Negó, por otra parte, que el Pacto por México tienda a sustituir las negociaciones y acuerdos en el Congreso de la Unión.

Son los senadores y los diputados, señaló, quienes tienen la obligación de debatir y, además, cuentan con la última palabra para aprobar, modificar o rechazar las reformas propuestas.

No obstante, reconoció que el pacto con los partidos políticos ha permitido sacar adelante reformas como la educativa y la de telecomunicaciones.

Con la educativa, insistió, se tendrá a personas más preparadas que pueden aspirar a mejores condiciones laborales, en tanto que la de de telecomunicaciones combatirá los monopolios y ofrece mayor competitividad.

Por su parte, Miguel Alemán Velasco, organizador del evento, brindó su apoyo al presidente al decir que el empresariado mexicano respalda las acciones del gobierno federal siempre y cuando impliquen un impulso a la competencia del país.

Nota PROCESO

México rendirá cuentas sobre derechos humanos ante la ONU.

Este 23 de octubre, México se someterá al examen periódico universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que deberá rendir cuentas sobre las observaciones que han hecho en la materia organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros países.

 

México tendrá que rendir cuentas en un examen ante la ONU en materia de derechos humanos (Cuartoscuro/Archivo).

 

 

México, como cada país que presenta el examen, debe rendir un informe oficial, al cual se suman dos más de forma paralela, uno de la sociedad civil organizada y otro de los organismos de la ONU que han visitado el país. Los tres documentos se presentan ante el Consejo y estados miembros, los cuales emiten sus recomendaciones.

Según el informe previo entregado por las organizaciones de la sociedad civil, entre los temas que serán revisados están los vinculados a seguridad y acceso a la justicia, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, el arraigo, la tortura, las desapariciones forzadas, así como la exclusión y violencia hacia grupos vulnerables como los indígenas, migrantes y mujeres.

En el informe previo que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó, el gobierno mexicano destaca avances como la reforma constitucional en derechos humanos y en materia de amparo, así como la creación de protocolos y mecanismos para regular uso de la fuerza; en ese mismo documento, refiere que las recomendaciones serán incluidas en el Programa Nacional de Derechos Humanos, que elaborará la Secretaría de Gobernación.

El EPU es un mecanismo utilizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008 para revisar el avance o retroceso en materia de derechos humanos de los 193 estados miembros. Esta es la segunda vez que México se enfrenta a la evaluación; la primera ocurrió hace 4 años, entonces recibió 91 recomendaciones y aceptó 83.

Entre las organizaciones mexicanas que firman el informe están Centro Pro DH, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Tlachinollan, Cimac, Fundar, Gire y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, que agrupa a más de 70 organizaciones.

Las recomendaciones que son emitidas por los países durante el EPU no son vinculantes, es decir que los países no están obligados a cumplirlas. Así llega México al EPU:

Periodistas y defensores de derechos humanos

El gobierno mexicano refiere que en el 2012 entró en vigor la ley y el mecanismo para su protección, el cual ha recibido 87 solicitudes de incorporación, aunque no detalla cuántas ni cómo se han resuelto.

Al respecto, 33 organizaciones de la sociedad civil (OSC) informaron a la ONU que desde el 2009 -cuando se rindió el primer informe-, las agresiones han incrementado y la impunidad permea el 98% de los casos. En 2010, documentaron agresiones contra 139 periodistas y 25 medios; en el caso de defensores entre 2009 y 2012, 44 fueron asesinados; 45, desaparecidos, y 305 sufrieron privación de la libertad. Las OSC refieren que el mecanismo no funciona, pues tiene problemas de coordinación institucional.

Seguridad ciudadana y derechos humanos

Después de las agresiones a periodistas, este fue el rubro que tuvo más recomendaciones durante el EPU anterior.

El gobierno de Enrique Peña Nieto enlista una serie de protocolos creados, tales como los lineamientos generales para regular uso de la fuerza en el 2012, la aprobación de la Ley General de Víctimas en el 2013, y -en el periodo del 2009 al 2012- la emisión de 149 sentencias judiciales por abuso de autoridad, de las cuales solo 116 fueron condenatorias. Así mismo, reconoce que aún no se ha publicado la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública.

El gobierno reconoció que debe la reforma al artículo 57 del Código de Justicia militar, pero afirma que entre 2012 y 2013 un total de 231 averiguaciones previas y 180 causas penales fueron trasladadas del fuero militar al civil; no señala el avance en sentencias.

Las organizaciones de la sociedad civil reclaman que a partir del 2007 se incrementó el uso de militares en tareas de seguridad ciudadana en un 68%, por lo cual las violaciones a derechos humanos aumentaron: del 2006 al 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7,441 quejas. También reprochan la falta de castigo para policías que abusan de la fuerza como el caso de las detenciones arbitrarias y agresiones ocurridas el 1 de diciembre del 2012 durante las manifestaciones por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, o la represión de las protestas normalistas de Ayotzinapa, donde dos estudiantes murieron y aún no hay policías sancionados, como tampoco lo hay por la tortura sexual que -señalan- sufrieron 11 mujeres en el operativo policial de Atenco, en el año 2006.

Tortura y Desaparición forzada de personas

Sobre tortura, el gobierno de México reconoció que aún no se ha reformado la Ley Federal contra la Tortura, pese a las recomendaciones de la ONU. La CNDH ha emitido 65 recomendaciones por este delito, todas ellas aceptadas, a raíz de esos expedientes y otros casos, entre febrero y julio de 2013, y la PGR ha abierto 99 indagatorias por estos casos durante el último año.

Sobre desaparición forzada, tampoco se ha adecuado la ley federal en la materia a los estándares internacionales. El gobierno señala en su informe que en el 2012 se creó Províctima y entró en vigor la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; sin embargo, aún no cumple con emitir el reglamento para su operación. Menciona además la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas este año, dentro de la PGR, la cual fue creada de forma inconclusa.

En respuesta, la sociedad civil señaló que desde 2003 se han comprobado más de 120 casos de tortura en investigaciones de la PGR a través de peritajes; sin embargo, no hay a la fecha sentencias condenatorias.

Sobre las desapariciones, las organizaciones reclamaron falta de certeza sobre el número de víctimas de este crimen, pese a que existe la ley para crear el registro. Especifican que entre 2008 y marzo de 2012, en Chihuahua se interpusieron denuncias por 171 personas como víctimas de desaparición, pero a la fecha no hay sentencias a los responsables.

Combate a la pobreza y derechos sociales

Sobre las recomendaciones que se le hicieron en el examen anterior, el gobierno mexicano señaló que se ha mantenido crecimiento del gasto social año con año. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 fue de 8.9%. Menciona al programa Oportunidades como uno de los principales elementos gubernamentales para acabar con la pobreza. Agrega que en el 2011, se reconoció en la Constitución el derecho a la alimentación y que creó la Cruzada Nacional contra el Hambre que busca atender a 7.4 millones de personas en pobreza extrema; sin embargo, apenas arrancó la estrategia se ajustó el número de población a atender a 3.3 millones.

Las organizaciones responden que, pese a ser reconocidos en la Constitución derechos como alimentación, medio ambiente sano, a trabajo digno, no son satisfechos. Por ejemplo casi 6 de cada 10 mexicanos están en pobreza y 2 de cada 10 en pobreza extrema; en el 2012, el desempleo llegó a 5.12% siendo los jóvenes los más afectados.

Migrantes

En el informe del gobierno mexicano, se indicó que en 2011 se reformó la Ley de Migración, despenalizando la migración indocumentada para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes. Según el documento, anualmente casi 17,000 niños mexicanos y extranjeros son atendidos en alberges de tránsito. Entre el 2009 y 2012 se consignaron a 3,793 inculpados por tráfico de migrantes, de los cuales 1,201 recibieron condena.

Las organizaciones sociales indicaron que, pese a los cambios legislativos, la migración sigue siendo atendida como asunto de seguridad nacional y los migrantes aún padecen agresiones por parte de criminales y en ocasiones de autoridades, como secuestro, extorsión y desaparición, siendo el caso emblemático la masacre de 72 migrantes en el 2010. Agregó que los migrantes arrestados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) o policías sufren extorsión, sin precisar en cifras.

“Las organizaciones señalaron que si bien en el 2011 se aprobó la reforma a la Ley de Migración que reconoce derechos de migrantes, en el 2012 se publicó un reglamento de dicha ley que da facultades discrecionales a la policía federal y agentes migratorios para realizar detenciones, lo cual ha dado lugar a abusos”

FUENTE (CNNMéxico)