@GobiernoDF @ManceraMiguelMX Exigimos Reparación Integral de Daños, Basta de Impunidad

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Hoy en día en nuestro país, el tema de la reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos ha ganado mayor visibilidad, no sólo gracias a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México por diversas violaciones a estos derechos, sino también a partir de las exigencias de los movimientos de víctimas y la ciudadanía en general.

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Entender lo que significa la reparación, sin embargo, es tremendamente complejo. Por un lado, antes de hablar de reparación es necesario hablar del daño, es decir, ¿qué es lo que se debe reparar?,  Frente a esto, entonces, surge una primera afirmación: cualquier violación a los derechos humanos genera un impacto que afecta todos los ámbitos de la vida de las personas extendiéndose, además, no sólo sobre el individuo que la vive directamente sino también en su entorno y la sociedad en su conjunto.

Las violaciones a derechos humanos constituyen para las personas experiencias negativas de carácter traumático que pueden derivar en una serie de dificultades a nivel individual (padecimientos físicos, psíquicos, problemas relacionales, quiebre de las creencias básicas, ruptura de los proyectos vitales, así como en las distintas esferas en que se mueve una persona) y a nivel social (progresiva pérdida de confianza en las instituciones, la consolidación del miedo y la paralización de las respuestas sociales, ruptura de los vínculos, pérdida de la capacidad crítica, la normalización de las dinámicas violentas, etc.)

A diferencia de otros crímenes, en este caso es el estado –la institución encargada de proteger a los ciudadanos– el que no ha respondido adecuadamente, porque ha actuado en calidad de perpetrador o cómplice o por omisión, abandonando a quienes sufren la violación de sus derechos, elementos que funcionan como agravantes del daño.

Frente a lo anterior se aprecia que el impacto provocado por las violaciones a derechos humanos afecta la integralidad de las personas y grupos y que no puede reducirse a meros diagnósticos médicos o psicológicos, aislados de los aspectos políticos, económicos o sociales que los rodean, pues la magnitud real que puede alcanzar es más amplia y comprende situaciones que trascienden las nociones de patología. Estas alteraciones, a su vez, corresponden a reacciones normales frente a condiciones que son anormales, es decir, lo patológico o anormal no son necesariamente las respuestas sintomáticas sino, más bien, las situaciones de violencia y amenaza presentes en el contexto social.

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De aquí, entonces, surge una segunda afirmación: frente a este impacto/daño generado por las violaciones a derechos humanos, surge para los estados la obligación de reparar con integralidad. Además de la evidente obligación moral de resarcir lo que ha sido dañado, en términos jurídicos toda violación de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales crea para el estado el deber de repararla.

En el caso de las detenciones arbitrarias vividas el 1° de Diciembre de 2012 y ante la repetición de los mismos patrones represivos del GDF, del TSJDF, de la PGJDF y de la SSPDF (como el 10 de junio, el 1 y 13 de septiembre,  el 2 de octubre, el 1 de diciembre de 2013, el 5 de enero de 2014, entre otras fechas) que entre otros signos ominosos han llevado al incumplimiento de la Recomendación 7/2013,  ex-presos del #1DMX junto con la Coordinadora 1° de Diciembre y la Liga de Abogados 1° de Diciembre, hemos iniciado el camino legal para exigir al Gobierno del DF asuma su responsabilidad para la Reparación Integral de Daños, proceso que se anticipa largo, pero que expresa la voluntad indoblegable de quienes no debemos permitir más impunidad.

Llamamos a otr@s agraviados, a organizaciones, colectivos y ciudadanos a estar atentos al proceso que busca sentar precedente para contribuir a la promoción y el respeto de los derechos políticos y sociales.  Basta de criminalizar, Protestar es un derecho, reprimir es un delito.

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