Impunidad en más de 400 arrestos arbitrarios con @ManceraMiguelMX

Crecen Arrestos Arbitrarios Con Mancera

27 / MARZO / 2014

El Distrito Federal presenta alza en índices de detenciones irregulares debido a los incentivos monetarios para quienes consigan más remisiones y a cadenas de corrupción

Información tomada de Diario de México.

Vanessa Alemán y Nancy Rodríguez

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Ciudad de México.- Durante 2013 se dieron más de 400 detenciones injustificadas en la Ciudad de México, según datos del jurista defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, y a cambio de esto sólo hubo una autoridad sancionada por casos de abuso policial.

Durante el reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF sobre consumo de drogas y su tratamiento en este ámbito, se reveló que existe un alto índice de detenciones arbitrarias a presuntos consumidores, entre los cuáles habría muchos casos en los que no se probó la posesión.

“En el DF se han visto y documentado muchos casos de detenciones injustas; no hay una independencia del ministerio público como se plantea  en las reformas y tampoco hay capacitación policíaca en materia de derechos humanos. De nada servirá que generemos leyes de avanzada si en las calles y juzgados no se dan estas condiciones”, señaló el diputado Santiago Taboada, de la Comisión de Seguridad de la ALDF.

BLANCO CENTRAL

Robles Maloof indica que el problema no es nuevo pero que ni se ha corregido a pesar de que se denuncia desde el 2004, cuando entraron en acción programas de ‘Tolerancia Cero’, y hay una tendencia de crecimiento de casos.

“En la Ciudad de México continuamente se detienen a las personas por su aspecto y los jóvenes son los sectores que más han sido víctimas de esta práctica; no se están atendiendo a una necesidad de eliminar las prácticas de detenciones arbitrarias”, afirmó el jurista.

Los factores que Robles Maloof identifica como facilitadores de esta práctica son el incentivo que otorga la SSP-DF a elementos que cumplen números elevados de detenciones, el poco control para las revisiones de rutina definidas ‘a discreción’ de los policías y finalmente las cadenas de corrupción que permiten a los MP’s avalar las detenciones sin pruebas o con juicios sesgados.

Taboada coincide en que gran parte de la culpa en esta cadena se la llevan los ministerios públicos, al incumplir su función de intermediación con el ciudadano. Por ello, más que una conducta abusiva de la policía, encuentra también un sistema judicial en franca descomposición.

“El sistema de justicia no es sólo castigar y revisar, sino generar procesos de ministración que permitan el buen accionar de la ley: remitir con apego a derechos humanos, desahogar todas las pruebas de las partes, actuar sin sesgos, proteger la presunción de inocencia”, indicó.

IMPUNIDAD ABIERTA

Un asunto más, que considera todavía más grave, es que no exista un control complementario para identificar estas malas prácticas, ya que afirma que por cada una que se comete y no se sanciona, se asienta un mal precedente.

“Cuando en una política de combate al crimen no se considera también aquellos delitos que cometen las autoridades, lo que indirectamente se está diciendo es que se permiten los abusos”, afirmó.

El abogado Óscar Cabrera señala que las políticas de ‘Tolerancia cero’, recomendadas hace dos sexenios por la consultora de Rudolph Giuliani a la administración de Andrés Manuel López Obrador, generaron una “confusión voluntaria”, según sus palabras, entre lo numérico y lo justo.

“Estaba la percepción que una gran cantidad de detenciones es sinónimo de que la policía está activa y en vigilancia continua. El proyecto también buscaba que esta escalada sería un aviso para la delincuencia común y que sólo por los índices en crecimiento se daría un efecto inverso en comisiones de crimen. Lo que ha ocurrido es más bien que la balanza de la justicia se incline hacia el abuso y la arbitrariedad”, señala.

Esta injusticia también se reflejaría en dinámicas de discriminación, ya que los sujetos más susceptibles de estos abusos serían los más desprotegidos socialmente, según Taboada.

“Somos un país en el que gran parte de los detenidos son pobres e inocentes, se han hecho esfuerzos legislativos para reforzar los sistemas de justicia el problema  es que los procedimientos no se han modernizado  lo suficiente”, concluyó.

CORPORACIÓN CUESTIONADA

Ocho de las 19 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos del DF en 2013 fueron dirigidas a la SSP-DF y a la Procuraduría. De estas ocho, cinco se refieren específicamente a detención arbitraria, consecución indebida del proceso y también todas incluyen la probada agresión física contras las víctimas, una de ellas además violada.

Destacan la recomendación 4/2013, que alude a la detención de una joven bajo presunción de que se drogaba en vía pública y terminó violada por los uniformados en un baldío. La 16/2013 consigna maltrato contra un ciudadano nigeriano.

CONSUMO ‘CRIMINAL’

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su reporte sobre legislación relacionado con consumo de drogas, sugiere que en ningún caso se sancione de manera penal la detención de consumidores, ya que estos deben ser vistos como ‘enfermos’ antes que como criminales.

La razón jurídica sería que un adicto a las drogas no podría actuar con plena voluntad y discernimiento y por ello no se le puede aplicar la ley en consciencia de que su actuar está definido por una conducta criminal.

DF no penaliza el consumo en sí y se ciñe a los tabuladores de posesión; lo que condena con multa o arresto es si el consumo se da en la vía pública, como lo estipula la Ley de Cultura Cívica.

PELIGROSO ‘RASTRILLO’

La mayor parte de las remisiones vinculadas a narcomenudeo se han dado por la vía de los llamados ‘Operativos Rastrillo’, patrullajes a pie en zonas de riesgo en los que a los elementos se les permite demandar revisiones a cualquiera que sea considerado sospechoso a criterio de la autoridad.

Esta modalidad fue instrumentada durante el actual Gobierno, y el jurista Óscar Cabrera lo considera como un recurso que propicia la detención arbitraria.

“El carácter del operativo rastrillo es preventivo, y eso no está mal, pero queda la incertidumbre de no saber bajo qué criterio un policía elige a alguien para una revisión; si una autoridad monitora está presenta durante una detención, si no se siembran pruebas, etcétera”, señaló.

represor

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