#Video GIEI presenta cuarto informe del caso #Ayotzinapa. Sin respuesta, 47% de peticiones de los expertos de la CIDH

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Sin respuesta, 47% de peticiones de los expertos de la CIDH

Por Blanche Petrich

México, D.F. El 47 por ciento de las solicitudes de información presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante autoridades de distintas dependencias siguen pendientes de resolución. Entre ellas figura la petición de acceso al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, para que los especialistas puedan entrevistar a los militares que estuvieron en alguna de las varias escenas de los hechos del 26-27 de septiembre.

También están pendientes algunas recomendaciones clave, como la que se hizo ya desde hace un mes, de acumular y unificar las seis causas abiertas, dispersas en 15 juzgados diferentes, en un solo expediente de la PGR, con el fin de que los jueces que conozcan el caso puedan tener a la vista todas las pruebas y los indicios que se presenten.

Ayer, en la conferencia de prensa donde se conoció el cuarto informe de la misión, miembros de la GIEI precisaron que la PGR les aseguró que sí van a solicitar la acumulación de todos los procesos abiertos y les prometió que se permitirá que los expertos internacionales colaboren “con criterios de valoración y tipificación de delitos” en este proceso de concentración de todos los expedientes en uno solo.

Además anunciaron que la Policía Federal se comprometió con los padres de los normalistas desaparecidos y con los estudiantes de Ayotzinapa que sobrevivieron a los ataques a abrir nuevas líneas de búsqueda de los muchachos desaparecidos.

Informaron que la última semana de mayo se reunieron con José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos encarcelados. No adelantaron detalles de estas entrevistas pero indicaron que “se están analizando y comparando sus testimoniales con los medios probatorios del expediente. Las conclusiones se van a incluir en el reporte final”.

También han regresado a los penales donde están recluidos los demás imputados por la desaparición de los 43 y precisaron que son al menos 40 los casos de entre los 102 procesados que han reportado torturas y malos tratos durante los interrogatorios. La PGR y la CNDH les han informado que “ya investigan” la probable presencia de tortura en los procedimientos.

En resumen, indicaron que han presentado más de 100 solicitudes de información; 30 por ciento han sido cumplidas de forma completa, 24 por ciento de forma parcial y 47 por ciento están pendientes. Anunciaron que en breve presentarán nuevas solicitudes importantes. Revelaron que cuentan con declaraciones de nuevos testigos presenciales. E indicaron que ya terminaron con la revisión del expediente de la Averiguación Previa de la PGR y que emprendieron la revisión de los expedientes penales en el ámbito judicial a los cuales espera –subrayaron– tener pleno acceso.

Los autobuses, prueba clave, remodelados y circulando

En la cuarta etapa de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso de Iguala-Ayotzinapa, los cinco especialistas que realizan una investigación por mandato de la OEA recorrieron en las últimas semanas diez escenarios donde se desarrollaron los hechos del 26 y 27 de septiembre del año pasado, donde desaparecieron 43 normalistas y fueron abatidas seis personas, tres normalistas y tres transeúntes.

Acompañados por peritos y expertos en criminalística de campo y planimetría, inspeccionaron el basurero de Cocula y las orillas del río San Juan, las casas de seguridad de grupos delincuenciales aseguradas por la policía, las casetas de las carreteras de la zona, la central de autobuses de Iguala, los escenarios en la avenida Juan N. Álvarez y Periférico de la ciudad igualteca donde se registraron los dos ataques y se encontraron los tres cuerpos de los estudiantes asesinados, las sedes de seguridad pública y policía municipal, además del hospital particular “Cristina” (donde un grupo de jóvenes fue retenido momentáneamente por soldados del 27 batallón de infantería) y las inmediaciones del Palacio de Justicia.

Destacaron, entre otros datos, que no pudieron ni podrán realizar una inspección de los cinco autobuses que fueron tomados la noche del 26 de septiembre por los normalistas, y que fueron atacados esa misma noche por elementos de la policía municipal y del crimen organizado, porque –dijeron—varias de los vehículos “ya fueron remodelados, reparados y están operando normalmente”.

Con ello revelaron que ni la PGR ni la PGJE de Guerrero resguardaron piezas de evidencia que pudieron haber sido vitales para el esclarecimiento de los hechos.

Con la información colectada, contrastarán los elementos que configuran la versión oficial de los hechos y que, por lo menos a la salida de Jesús Murillo Karam a fines de febrero, anticipaba como “verdad histórica” una acción criminal de delincuentes organizados en complicidad con las autoridades municipales, que mataron, incineraron y arrojaron al río a los jóvenes sin dejar rastros posibles de identificar o confirmar.

Arely Gómez recibirá a padres y normalistas

Los cinco integrantes del GIEI anticiparon, por otra parte, que en los próximos días –la fecha aún está por definirse– la procuradora general Arely Gómez, sucesora de Murillo Karam, sostendrá la primera reunión frente a frente con los familiares de los normalistas desaparecidos y los alumnos sobrevivientes de la Normal Rural de Ayotzinapa desde que asumió el cargo a principios de mayo. La reunión –cuatro meses después– será por iniciativa de los padres de las víctimas.

Ayer, a la rueda de prensa acudieron los cinco expertos, las ex fiscales de Guatemala Claudia Paz y Paz y de Colombia Ángela Buitrago, los juristas Alejandro Valencia (Colombia) y Francisco Cox (Chile) y el experto en derechos humanos Carlos Martín Beristain, de España.

Presentaron un informe de 10 puntos, entre los cuales destacaron como clave la diligencia en la central de autobuses de Iguala, de la cual derivan una conclusión que difiere de la versión oficial. Sostienen que la llegada de los normalistas a la terminal, en el centro de la ciudad, “no fue planificada previamente” y que la decisión de los jóvenes de llegar ahí “se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano”.

Beristain describió así los escenarios y el desarrollo de los hechos, según las investigaciones de la GIEI: Primero hay dos autobuses tomados por los normalistas; en éstos van a tomar otros vehículos. Hay un tercer bus que los normalistas toman en lo que se llama la Casa del Cura o cruce de Huitzuco, en el que algunos normalistas se suben para ir a la Central de Autobuses de Iguala. Cuando llegan a la terminal, los encierran y no pueden salir. Llaman a sus compañeros y los dos primeros buses van a la central. En ese segundo escenario hay ya tres buses. De ahí salen ya cinco vehículos, cada uno tiene diferentes trayectorias.

Otro escenario es la calle Juan N. Álvarez camino al Periférico, que es donde se da el primer ataque. Horas después ocurre un segundo ataque. Y hay otros autobuses que toman otro camino, uno aparece al lado del palacio de justicia y otro es desviado antes de llegar allá. Otro escenario es el hospital “Cristina”, donde se refugian varios estudiantes y los médicos no atienden a un herido. Hasta ahí son seguidos por militares. Hay otro escenario más que es donde es atacado el camión de los “Avispones Verdes”.

“De los autobuses –explicó el experto– solo hemos visto las imágenes que están en los expedientes pero varios de ellos ya fueron reparados, remodelados y están operando en sus rutas habituales”.

Sobre la posibilidad de nuevas líneas de búsqueda, indicaron que los normalistas sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos accedieron, por los buenos oficios interpuestos por el GIEI, a volver a presentar testimoniales ante la Policía Federal. De ahí se derivó el compromiso de abrir nuevas líneas de búsqueda.

Respecto a la recomendación hecha inicialmente por el grupo de la CIDH a la PGR para que integre las seis causas abiertas que corresponden a 15 procesos radicados en Tamaulipas, Morelos y Guerrero, y que las autoridades mexicanas rechazaron anteriormente, el GIEI informó que la procuraduría sí se comprometió a dicha integración y que permitirá que los expertos latinoamericanos aporten criterios en la valoración y tipificación de los delitos.

En cuanto a las tajantes negativas previas de la Sedena y la Secretaría de Gobernación de acceder a la solicitud de los expertos para entrevistarse con los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala (perteneciente a la 35 Zona Militar, los investigadores informaron que ayer recibieron un comunicado del gobierno mexicano que informa que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”, y donde reconoce que en su calidad de coadyuvante del caso Ayotzinapa el GIEI sí tiene facultades para “sugerir aal MP ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27 batallón hicieron en calidad de testigos”. Anteriormente –tres meses atrás– la delegación interamericana había aclarado que no pretende que la PGR sea intermediaria de las entrevistas y que pretende hablar directamente con los soldados, los que ya prestaron testimonio y los que aún no lo han hecho.

El GIEI brindó información sobre los casos particulares de los estudiantes Julio César Mondragón, torturado y asesinado y Aldo Gutiérrez, lesionado la noche de Iguala y que aún permanece en estado vegetativo. Por recomendación de los expertos, las autoridades permitieron que se realizara una segunda valoración médica respecto a las posibilidades de atención a las necesidades y cuidados paliativos en las condiciones de coma en las que se encuentra.

Sobre el caso de Julio César Mondragón, informaron que cuentan con declaraciones de nuevos testigos y que están realizando nuevas evaluaciones de la escena del crimen y la autopsia. De esta adelantaron que es evidente que sufrió tortura, por las evidencias de la fractura craneal, las lesiones internas en pulmón y hematoma retroperitoneal (detrás del abdomen) como causa de su muerte. Además realizarán un estudio pericial específico sobre las lesiones post mortem.

Respecto a la versión de la Sedena que a una solicitud de información expresa reveló que uno de los estudiantes desaparecidos era miembro activo del ejército, indicaron que solicitaron confirmación a las autoridades militares. “Aun no la tenemos. Pero sí pedimos respeto a ese muchacho y a su familia, que como normalista merece el mismo trato que el resto de los muchachos desaparecidos”.

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