Repudiamos desalojo de Congreso vs #MexicaliResiste y criminalización de protesta.

MexRes

Mexicali.- La Procuraduría General de Justicia de Baja California criminaliza toma del Congreso e investiga a tres integrantes del movimiento social Mexicali Resiste por los delitos de despojo y privación ilegal de la libertad, de acuerdo a la carpeta de investigación 0202/20017/42577.

Diputados se comportan con total impunidad, sin consultar a sus representados imponen políticas de recorte al gasto social y de saqueo al erario público.  Diputados secuestran la voluntad popular movilizada contra la adquisición de impagable deuda pública que solo beneficia a enriquecimiento de un puñado de empresarios y la clase política a su servicio. Mientras se fija el delito de privación ilegal porqué la mesa directiva del Congreso, que preside el diputado priista Benjamín Gómez, denunció que los manifestantes cerraron con candados todas las puertas de ingreso, dejando adentro del inmueble a los guardias de seguridad.

La denuncia que interpuso el Congreso de Baja California fue directamente en contra del dirigente de esta organización civil, León Fierro, de otros de sus líderes Tania Gallaga y Alan Barrera, así como de quien resulte responsable.

En la madrugada del domingo 1 de octubre, alrededor de las 04:30 horas, agentes policiacos irrumpieron en las instalaciones del Poder Legislativo para recuperarlo ya que se encontraba en poder de opositores a la aprobación de los dictámenes 94 y 95 de proyectos de Asociaciones Público Privadas y de instrumentación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5) al considerar que representa el incremento de deuda pública para la entidad.

Activistas de los movimientos Mexicali Resiste y Baja California Resiste tomaron el Congreso estatal durante la noche del 29 de septiembre para evitar que se sometiera a votación dichos dictámenes que, de manera inicial, se excluyeron del orden del día de la sesión legislativa ante el disenso de grupos parlamentarios y la presión social.

En tanto, integrantes del movimiento Mexicali Resiste presentó la denuncia en contra de agentes de corporaciones policiacas por los delitos de abuso de autoridad y lesiones de Mónica y Esther Pozo durante el desalojo que realizó la fuerza pública. En el número único de caso 0202/2017/42822 se asientan hematomas en los brazos de las activistas a causa de la sujeción de policías para recuperar las instalaciones.

Una vez desalojadas con violencia las instalaciones por la fuerza pública, el Congreso local anunció que presentaron “denuncias penales por las afectaciones por la intolerancia y los excesos de quienes en forma equivocada pretenden imponer criterios que no corresponden a lograr un clima de concordia institucional”.

En entrevista, Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, desestimó la movilización de activistas locales al sostener que la organización Mexicali Resiste está financiada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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