Mayo 28 Foro: Criminalización de la Protesta Social UAM-X 2:30 PM

Foro: Criminalización de la protesta social y la lucha por la libertad de lxs presxs políticxs
Miércoles 28 de mayo, 14:30 hrs
Sala Isóptica D en la UAM-XOCHIMILCO

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PRI y AN aprueban nuevo tipo penal en materia de terrorismo dirigido contra la protesta social

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Eliminan disposiciones de no considerar en ese delito a las manifestaciones

Senadores de PRI y AN aprueban nuevo tipo penal en materia de terrorismo
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de febrero de 2014, p. 7

La mayoría PRI-PAN en el Senado aprobó reformas a diversos ordenamientos para crear un nuevo tipo penal en materia de terrorismo vinculado al lavado de dinero, pero eliminó la disposición expresa de no considerar como actos terroristas las manifestaciones y otras expresiones de protesta social.

La minuta se aprobó con 83 votos en favor y 22 en contra, estos últimos de las bancadas de PRD y PT, que argumentaron sobre los riesgos de instaurar un Estado autoritario que criminaliza la protesta y llegó al extremo de que los grupos de autodefensas de Michoacán, los pilotos y sobrecargos de Mexicana o los jóvenes del movimiento #YoSoy132 que se manifiesten en las calles o ante alguna dependencia pública sean considerados terroristas.

Esos argumentos fueron rechazados y se pasó al Ejecutivo federal para su promulgación esa minuta que reforma los códigos Penal Federal, el de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras disposiciones en materia de seguridad pública, para sancionar hasta con 50 años de cárcel el delito de terrorismo.

Uno de los cambios impugnados por la oposición de izquierda es que se considerará actividad terrorista el ‘‘apoderarse’’ o ‘‘ejercer control’’ de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias. ‘‘Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas’’, recalcó la senadora Dolores Padierna.

Igualmente, el también senador perredista Alejandro Encinas hizo notar que se trata de una minuta con serias imprecisiones que no define claramente el delito de terrorismo, por lo que todo se deja a la discrecionalidad de los jueces.

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Se restablece, recalcó, el delito de disolución social, principal elemento con el que el gobierno mexicano persiguió a los opositores en décadas pasadas.

A su vez, el senador del PT David Monreal recalcó que no es una legislación contra el terrorismo, sino una ley que instaura ‘‘un terrorismo de Estado’’, al atentar contra las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos, como los de expresión y manifestación.

Padierna Luna y Encinas Rodríguez insistieron en la gravedad de esa iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, modificada por los diputados. Resaltaron que se eliminó el último párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, en el que se indicaba que ‘‘no se considerará como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de una grantía constitucional’’.

Los legisladores insistieron en que México no es un país de terroristas, por lo que no se justifica una legislación como la ayer aprobada, que responde a los dictados de organismos internacionales dominados por Estados Unidos.

Encinas recalcó que en la fracción primera del artículo 139 se señala que podrá ser objeto de acusación de actos terroristas quien, utilizando cualquier medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

Asimismo, agregó, también se considerará terrorista a quien presiona a la autoridad o a algún particular para que éste tome una determinación.

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), respondió a los cuestionamientos de los perredistas. Mencionó a los migrantes mexicanos que murieron en los atentados terroristas de las Torres Gemelas en Nueva York, y reconoció que urgía esa legislación para atender dos recomendaciones del Grupo de Atención Financiera (Gafi), que se reúne este jueves.

Insistió en que no se criminaliza la protesta, y al dirigirse al perredista Fidel Demedicis, quien expresó en tribuna que se le considerará terrorista, dado que toda su vida ha sido un dirigente magisterial que acude a la protesta, le dijo que él (Gil Zuarth) no ha visto un arma química en sus manos defendiendo una causa social.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, le hizo notar que la minuta alude también a la violencia y cualquier protesta, una marcha o las tomas de oficinas o de un palacio municipal pueden inscribirse en esa definición.

#Hamburgo 100 mil en estado de excepción, las protestas se empiezan a extender a otras ciudades alemanas.

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9 de enero.

El estado de excepción decretado tiene su origen en los enfrentamientos entre agentes y manifestantes que han seguido a la manifestación del pasado 21 diciembre en contra del desahucio del centro cultural de izquierda  Rote Flora (Flor Roja), de 25 años de actividades. Los organizadores que lograron reunir a unos 10 mil participantes,  denunciaron que sufrieron “una gran cantidad de heridos por un masivo uso de macanas, gas pimienta y lanzaguas“. 

Desde el pasado sábado, estas han sido denominadas por las autoridades “zona de peligro” (Gefahrengebiet), lo que les otorga poderes especiales. En esta área viven alrededor de 100.000 personas, según han destacado partidos políticos críticos con la medida. El Gefahrengebiet es una práctica instaurada en Hamburgo desde que en 2005 se aprobó esta ley para “aumentar la seguridad y el orden”, pero que contribuye a criminalizar la protesta social. Se ha realizado en más de 40 ocasiones, normalmente solo para unas horas.

Durante las protestas subyacen también la inconformidad con las medidas de desalojo de viviendas de los años 60’as en favor de nuevos desarrollos inmobiliarios en manos privadas, también estuvo muy presente el rechazo al trato que las autoridades alemanes dan a los refugiados. Entre estos, destaca un grupo de 300 subsaharianos procedentes de Libia que llevan malviviendo en la ciudad desde 2011. “Sentimos que mucha gente nos apoya, pero los políticos no quieren ofrecernos ningún tipo de solución”. El ghanés Anane Kofi Mark es uno de ellos. “En Italia nos dieron 500 euros para que nos fuéramos de allí, y ahora en Alemania nadie quiere hacerse cargo de nosotros. Desde entonces estamos durmiendo en la calle”, añade. No obstante, Kofi Mark quiere desmarcar a los refugiados de la violencia de las últimas jornadas: “Nosotros no hemos participado, no queremos tener problemas con la policía”.

Ciudades como Dresden, Berlin, Frankfur, entre otras, empiezan a hacer eco de las protestas en Hamburgo, dejando así a demócrata cristianos y socialdemócratas con un creciente desprestigio ante la medida impuesta.

En todo esto de nuevo el modelo Neoliberal padece nuevos rechazos de quienes sufren humillación, viven exclusión social, en resumen los desposeídos, los trabajadores encarando a los patrones.

Desde aquí va toda la solidaridad con los que luchan y resisten en Hamburgo y toda Alemania.

La policía alemana bloquea a los manifestantes frente al centro social Rote Flora durante una manifestación el pasado 21 de diciembre contra el cierre del centro.

Nuevas violaciones al debido proceso contra detenidos del #2deOctubre

1463986_10151892004743108_2074415637_nEl pasado 6 de diciembre, el Juez 40° penal del Distrito Federal; dictó sentencia de 5 años y 9 meses al actor, comediante, fotógrafo y promotor cultural JOSÉ ALEJANDRO BAUTISTA PEÑA en la causa penal 236/2013. En dicho expediente. Sin embargo; no existe prueba alguna que lo incrimine de haber cometido los delitos de los que es acusado. En cambio sí existen diversos elementos de prueba que demuestran su inocencia respecto a los delitos de los que se le acusa.

 Esta es una alerta roja respecto al sentido en que el Juez 40° penal, podría dictar las sentencias en los expedientes 235/2013 y 238/2013, en los que se procesa a los compañeros IRIBAR IBINARRIAGA RAMÍREZ, JOSÉ DANIEL PALACIOS CRUZ, ADRIÁN GUTIÉRREZ MIGUEL, ILIA ADAD INFANTE TREJO, VÍCTOR EFRÉN ESPINOZA CALIXTO, SALVADOR REYES MARTÍNEZ y por otra parte al compañero ABRAHAM CORTÉS ÁVILA, quienes al igual que ALEJANDRO BAUTISTA fueron detenidos en la marcha del 2 de octubre de este año.

 José Alejandro Bautista Peña fue detenido el 2 de octubre cuando documentaba la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968. No portaba ningún arma y no violentó a ninguna autoridad. Los policías que lo detuvieron estaban vestidos de civil, quienes lo obligaron a subir a una motocicleta para llevarlo detenido.

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Alejandro refiere:

 Estaba grabando lo ocurrido, estaba solo, cuando unos granaderos me golpearon con una piedra; caí al suelo y como pude me refugié en el parabús, seguí grabando como golpeaban a los periodistas que se llevaban arrastrando. 

 

Lanzaron gases, comencé a avanzar sin ver ni respirar bien, apagué la cámara y caminé para reponerme, cuando me detienen unos civiles y me llevan a un frente de granaderos donde me golpean, me quitan la cámara e intentan borrar los videos. Me sueltan y una calle más adelante me alcanza una mujer policía y me vuelven a detener, de ahí soy trasladado al Ministerio Público.

Los agentes, sin identificación de adscripción ni nombre visible, lo condujeron hasta avenida Juárez, donde lo golpearon e intentaron borrar los videos en los que documentó violaciones a los derechos humanos por parte de policías hacia personas que se manifestaban en la marcha de forma pacífica.

Hay inconsistencias en el modo y lugar de su detención y éstas son evidentes en todos los videos que existen al respecto. En dichos videos se le observa caminando solo con su cámara de video por la calle de Bucareli, cuando un agente lo toma por la espalda, llegan otros policías y entre todos se lo llevan con violencia del lugar.

En los videos se demuestra que no se configura el agravante de pandilla, pues Alejandro acudió y permaneció solo durante la marcha. Además, no coincide el lugar ni hora de la detención y nunca realizó los hechos que se le imputan. Asimismo, los policías que lo detuvieron no son los mismos que aseguran haberlo detenido y presentado ante el Ministerio Público. Tampoco iban uniformados, como éstos aseguran en sus declaraciones.

En los testimonios realizados, los policías cayeron en contradicciones, por lo que el Juez ordenó que se llevaran a cabo los careos procesales entre ellos.

Hasta el momento, lo único que incrimina a Alejandro es el dicho de los policías, quienes no participaron en la detención, el cual está lleno de inconsistencias y contradicciones.

Al respecto, el juez 40° penal, Jorge Martínez Arreguín señaló en su sentencia que para él  no tienen valor probatorio las pruebas presentadas por la defensa, (peritaje, testimoniales, videograbaciones, certificado médico entre otras), por lo que emitió sentencia condenatoria en la que impuso a Alejandro 5 años, 9 meses de prisión, sin derecho a obtener la libertad condicional, a pesar de ser una persona que no tiene antecedentes penales.

Dentro de las acusaciones que los policías realizan contra Alejandro, existen varias inconsistencias:

VERSIÓN DEL POLICÍA

VIDEOS, PERITAJES, TESTIMONIOS Y DECLARACIÓN DE ALEJANDRO

El policía que lo afirma haberlo detenido señala que al momento de la detención vestía  uniforme de protección, incluyendo casco, visera transparente, escudo, rodilleras, chaleco antibalas, etc. No obstante los policías que realizaron la detención estaban vestidos de civil, tal como se puede observar en los videos.
Sobre las calles de Reforma y Juárez vio a un sujeto (Alejandro). Iba caminando hacia el poniente, volteando hacia mí (hacia el policía), con la cabeza de lado hacia su izquierda, avanzando lentamente y derepente se detenía. Alejandro fue detenido cuando estaba en la Avenida Reforma y Bucareli frente al hotel Meliá. Fue golpeado por varios policías vestidos de civil, quienes lo golpearon con un bastón retráctil cuyo uso nunca estuvo justificado, pues en los videos se puede ver que no opuso resistencia. Además de golpearlo en las piernas en la parte de los muslos para inmovilizarlo.
El sujeto (Alejandro) portaba en las manos un cilindro color anaranjado como de 25 centímetros  que lanzó al policía moviendo su mano en círculo de abajo hacia arriba, por lo que el policía se cubrió la cara Además en los videos Alejandro jamás se le observa portando ese supuesto objeto, es necesario aclarar que el policía que recabó el supuesto cilindro de color naranja no respetó la cadena de custodia, es decir no siguió los pasos que se deben seguir para preservar el indicio.
Los policías que lo denuncian le atribuyen que portaba objetos que fueron recabados por dichos policías. (Sólo se tiene su dicho). No existe pericial (dictamen en criminalística), que demuestre que Alejandro portó y o arrojó dichos los objetos que se le atribuye, portaba. 
La Declaración de dos testigos que observaron la detención refuerza junto con los videos, la forma en que ocurrieron los hechos, pero la de los policías no se refuerza con nada.
Testimonial  a) Quien se percata de como ocurre la detención, en qué condiciones y quienes la realizaron. 

Testimonial b) Coincide en cómo fue la detención, por quién fue realizada y en qué condiciones.

Versión de los policías que lo detuvieron (Parte informativo) Hechos documentados
  • Policía Armando Yáñez Piñón: A las 17:25 horas

se percata que un grupo de varias personas los están provocando en el lugar donde se encontraban formando la valla, de pronto empezaron a aventar varios objetos, después se percata de un sujeto mayor que le arroja un objeto de color naranja, después este trata de escabullirse y entre su compañera y él logran segregarlo, logrando ambos asegurarlo.

  • Policía: Esther Márquez: (Exactamente la misma declaración).
  • La detención ocurrió cerca del monumento del caballito.
 

  • Ambos refieren que ellos detuvieron a José Alejandro, pero en el video se observa que la detención fue realizada por varios policías vestidos de civil.

 

  • Se observa que Alejandro simplemente iba caminando al ser detenido, no opuso resistencia y fue golpeado con un objeto, al parecer un bastón retráctil en los muslos.
  • Fue obligado a subir a una motocicleta y después llevado a una camioneta de la SSP.

Contradicciones de los policías

Hombre policía Mujer policía
El dice que no traía escudo Ella dice que si tenía escudo
El formaban la valla porque temían que causaran destrozos por las consignas que iban gritando
Él dice que su compañera llevó a Alejandro  la Agencia del Ministerio Público Ella dice que entre ella y su compañero policía llevaron a Alejandro a la Agencia (en los videos se aprecia que sólo fue un policía).

 Los cargos que se le imputan a Alejandro así como los demás detenidos, quienes están sujetos a proceso en los expedientes 235/2013 y  238/2013, son absolutamente falsos, elaborados de manera completamente ilegal, arbitraria y manipulada. Sus detenciones se llevaron a cabo violando  sus garantías constitucionales, pues no hubo flagrancia y se les imputa haber arrojado explosivos u objetos aptos para lesionar a los policías; sin embargo, sólo se cuenta con el dicho de los policías.

Ninguno de los procesados cuenta con antecedentes penales, son personas que tienen un modo honesto de vivir y todos se conocieron a partir de estas circunstancias.

Consideramos que sólo de busca fabricar pagadores. En la práctica, es muy fácil para los policías  hacer detenciones infundadas, “sembrar objetos” y realizar “falsas acusaciones”, sólo basta su dicho, ponerlos a disposición y “sembrarles” objetos  para reforzar la puesta a disposición, cumplir con su imagen dentro de la institución, librar cualquier problema legal en su contra por abuso o falsedad de declaración.

Dentro del proceso, en los juzgados quienes hicieron la puesta a disposición, sólo han tenido que mantenerse firmes en su dicho y eso es todo, los inocentes y sus familias son quienes han sido afectados por todas las circunstancias que conlleva el seguir un proceso penal y más aún si lo llevan en reclusión, tener antecedentes penales y diversas afectaciones que esto les está ocasionando, como la pérdida del empleo, del ciclo escolar para quienes estudian y o trabajan, el desprestigio de los medios, entre otras.

Por lo anterior, manifestamos que la sentencia de José Alejandro es infundada, pues es inocente de los delitos que se le atribuyen y que a pesar de que no existe una sola prueba con la que los policías que lo denunciaron sostengan su dicho; el Juez 40°, lo está condenando, por lo que consideramos que a través de dicha sentencia se pretende castigar a todas aquellas personas que ejerzan sus derechos constitucionales a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de conciencia y de reunión, a defender los derechos humanos, al manifestarse de manera pacífica o acudir a una marcha y documentarla.

Expresamos nuestro mayor rechazo al hecho de que se detenga arbitrariamente, se sujete a proceso y se condene a las personas por el sólo hecho de manifestarse de forma pacífica, acudiendo a una marcha. Situación que viene ocurriendo desde el pasado 1° de diciembre del año pasado.

Solicitamos al Juez 40° que valore debidamente los casos de nuestros compañeros y que las resoluciones que emita respecto a las acusaciones que hace el Ministerio Público con base en las denuncias de los policías, se realicen respetando los derechos humanos y se apegue al debido proceso.

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Para mayor información comunicarse al 044-55-23-21-14 y 044-55- 46-39-18-85 o dirigirse al plantón.

Plantón de padres de familia y amigos de los detenidos del 2 de octubre del Reclusorio Preventivo Varonil Norte RENO.

EX-PRESOS DEL 1DMX, LA LIGA DE ABOGADOS 1° DE DICIEMBRE, LA COORDINADORA 1° DE DICIEMBRE Y EL PLANTÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS DETENIDOS DEL 2 DE OCTUBRE, CONVOCAMOS ESTE DOMINGO 15 DE DICIEMBRE A LAS 4:30 PM A LA REUNIÓN EN EL PLANTÓN DEL RENO PARA ORGANIZAR NUEVAS ACCIONES PARA EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DEL 2 DE OCTUBRE.

Criminalización de la protesta social

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Miguel Concha

En el contexto de la toma de posesión del titular del Ejecutivo Federal en la ciudad de México el pasado primero de diciembre, la población fue alarmada con noticias sobre enfrentamientos entre policías y manifestantes en las calles. Era de esperarse que en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro ciudadanas y ciudadanos ejercieran sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, como formas de protesta ante un gobierno que fue cuestionado por diversos sectores nacionales e internacionales. Desafortunadamente se ha venido demostrando en los días posteriores que estas manifestaciones fueron acalladas por medio de detenciones arbitrarias e ilegales, que han implicado también diferentes violaciones a los derechos humanos, principalmente de jóvenes.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló desde un principio a las personas detenidas como pertenecientes indiscriminadamente a grupos anarquistas y al movimiento #YoSoy132 como responsable de diversos delitos graves. Sin embargo, la calificación de tales cargos ha resultado infundada en muchos de los casos, luego que las organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de los detenidos han venido documentando distintas anomalías en el operativopoliciaco y la actuación del Ministerio Público. Entre los abusos, se han detectado actos que han puesto en peligro la vida y la integridad de los manifestantes, ante el uso excesivo de la fuerza pública para dispersar las manifestaciones. Entre los casos más graves se encuentran los de Francisco Kuykendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos.

El 3 de diciembre, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos hizo un llamado urgente, manifestando su firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, y exigiendo el respeto al debido proceso de los imputados, así como el rechazo a los múltiples abusos en las detenciones de los manifestantes, con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los actores estatales a presentar públicamente a todas y todos los detenidos, para que pudieran constatar el estado en el que se encontraban, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores.

En un contexto sumamente preocupante, agravado por las reiteradas versiones agresivas de algunos medios, familiares de las personas detenidas, organizaciones civiles, abogados que conformaron la Liga 1º de diciembre, movimientos sociales –entre ellos el #YoSoy132– y grupos de intelectuales y académicos se han articulado de forma solidaria para documentar casos y trabajar en favor de la legalidad y la justicia para cada una de las 70 personas detenidas. Entre ellas, 11 mujeres y 59 hombres, la mayoría jóvenes.

Hay que señalar que las autoridades les han imputado delitos graves –para muchos especialistas de corte político– que no alcanzan fianza, con penas que pueden llegar hasta los 45 años de prisión, por la agravante de haber sido supuestamente cometidos en pandilla. Las actuaciones ministeriales dan constancia de que se han fincado contra las personas detenidas los delitos de ataques a la paz pública, a las vías de comunicación, a la propiedad, robo en pandilla y lesiones, entre otros.

Sin embargo, las principales violaciones a los derechos humanos se cometieron al momento de las detenciones, y también posteriormente. A las personas remitidas a la Agencia 50 del Ministerio Público se les negó el contacto con sus familiares y el acceso a sus representantes legales. También por parte de cientos de policías que los cercaron a las afueras de la Agencia 50 se produjeron actos de intimidación y enfrentamiento en contra de los familiares y representantes legales. Las personas detenidas fueron posteriormente trasladadas al Reclusorio Norte, los hombres, y a Santa Martha Acatitla, las mujeres, donde los amedrentamientos e intimidaciones siguieron latentes contra los familiares y defensores.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que las y los ciudadanos no buscan optar por caminos no institucionales para expresarse libremente, sino para fortalecer el funcionamiento de las instituciones, a través del intercambio de ideas y la manifestación de sus reivindicaciones. En una sociedad democrática están convencidos de que tienen el derecho al goce y disfrute de derechos conexos. Es decir, aquellos que no son contrarios al orden establecido, aún cuando se encuentren estrechamente vinculados con actos de orden político, como los de reunión, asociación y libertad de expresión, derechos que están contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tampoco se puede restringir el derecho a la libre expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los derechos de asociación, reunión y de libertad de expresión son un requisito fundamental, indispensable para la existencia de una sociedad democrática. No así la represión, el uso excesivo de la fuerza y el patrocinio de entes desconocidos o grupos de choque que alienten o cometan delitos.

De acuerdo con el especialista argentino Raúl Zaffaroni, la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Con información de la Jornada