CNTE convergencia con organizaciones para permanecer en plantón, recuperar el Zócalo y fortalecer la lucha contra reformas neoliberales.

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En un mitin realizado este 6 de enero de 2014, para rechazar la represión ordenada por el Jefe del Gobierno del DF Miguel Ángel Mancera, que provocó el desalojo de la mayor parte de la plancha del Monumento a la Revolución,  Francisco Bravo, secretario general de la Sección 9 del Distrito Federal, dijo que  “Mancera se equivocó en su cálculo político, piensa que el desalojo va a intimidar a los maestros. Nos mantenemos en el plantón y en la lucha”.

Juan José Ortega, líder de la Sección 18 de la CNTE, dijo que la coordinadora asumirá el “reto” de volver a “acumular fuerza” para regresar a la principal plaza pública de México, en la que permaneció poco más de un mes en protesta contra la reforma educativa.

“Si se trata de recuperar espacios, este movimiento tendrá que recuperar el corazón histórico de nuestro país, el Zócalo capitalino”, señaló Ortega ante cientos de simpatizantes.

entre los asistentes existió concenso para luchar por la salida del gobierno represor de la protesta social de Miguel ángel Mancera

La CNTE refrendó compromisos:

1. Mantener y fortalecer el plantón en el Monumento a la Revolución.

2. Convocar a una mega manifestación para el 17 de enero en el DF.

3. Valorar con otras organizaciones la recuperación del Zócalo capitalino.

4. Construir una amplia convergencia contra las reformas neoliberales.

5. Realizar el Tercer Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE  los días 14, 15 y 16 de febrero del año en curso en la Ciudad de Oaxaca, para definir estrategias para la lucha con otros sectores de la población y por la democratización del SNTE, la educación y el país.

6. Realizar  el Congreso Fundacional de la Nueva Central  de Trabajadores que se realizará los días 22 y 23 de febrero de este año en la Ciudad de México, impulsando la unidad de todos los trabajadores del país, para la defensa de nuestros recursos naturales y de nuestros derechos laborales y  humanos, para fortalecer los procesos nacionales de lucha contra el capital.

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#RompeElMiedo la represión de @ManceraMiguelMX el #2deOctubre documentada por Artículo 19

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2 de octubre: romper el miedo y expresarse

En una sociedad democrática, la autoridad es quién protege a aquellos que se manifiestan y documentan protestas sociales o hechos relacionados con autoridades de seguridad pública; es decir la fuerza se usa para garantizar el libre ejercicio de un derecho y no para reprimirlo. Más porque la protesta y la libertad de expresión son derechos fundamentales para el ser humano.

La prensa escrita y la televisión dieron cuenta de la violencia de un grupo determinado de manifestantes. La violencia de éstos estaba principalmente dirigida contra las autoridades policiacas, aunque también tenemos registro de ataques contra comunicadores. Así mismo, la mayoría de la prensa tradicional alentó un falso debate público sobre los actos violentos y el derecho a la manifestación. Para ARTICLE 19 no hay tal debate ni disyuntiva. El ataque violento contra la policía, así como daño a propiedad ajena son delitos y se tendrían que castigar conforme a derecho. Sin embargo, por el otro lado el presente informe da cuenta de la violencia ejercida por la policía contra manifestantes, entre ellos comunicadores y periodistas. Como un tipo de violencia es un delito, la violencia ejercida por los representantes del Estado son violaciones a los derechos humanos y bajo ningún supuesto pueden estar permitidas, toleradas y no castigadas. Por lo tanto, el informe hace una clara distinción entre los tipos de violencia suscitados el 2 de octubre y señalamos de manera plena las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. De la otra violencia, es decir, los delitos cometidos por civiles, no es tema de este informe.

Las agresiones contra la prensa cometidas en el Distrito Federal el miércoles 2 de octubre de 2013, en la marcha conmemorativa de la matanza en Tlatelolco, representan para ARTICLE 19 el ataque más violento a la libertad de expresión en la capital política de México durante un acto de protesta social, uno más desde que la ciudad es gobernada por Miguel Ángel Mancera. Los testimonios recogidos por la red de solidaridad #RompeElMiedo apuntan, entre otras cosas, que se trató de un ataque directo contra la prensa.

En esta ocasión el interés de la prensa tuvo un elemento adicional: documentar el desarrollo de las manifestaciones en la Ciudad de México debido a que han sido escenario de hechos violentos en los últimos 10 meses, en específico contra periodistas y comunicadores sociales. Los días 1 de diciembre del año pasado, el 10 de junio y el 1 de septiembre de 2013, han ocurrido violaciones a derechos humanos generalizadas por parte de la autoridad. En este sentido la actuación de los cuerpos de seguridad en la capital de México se convirtió en un tema de especial interés.

¿Dónde fueron las agresiones?

Ver Agresiones contra la prensa 2 de octubre en un mapa ampliado

ARTICLE 19 implementó una red de monitoreo con 120 periodistas, defensores de los derechos humanos, rescatistas y comunicadores sociales, para documentar el desarrollo de la movilización del 2 de octubre. Una de las acciones de la red fue pedir a sus integrantes que salieran plenamente identificados con gafetes, brazaletes y todas las herramientas necesarias para ejercer su trabajo. Esto como medida para prevenir las agresiones y para facilitar el trabajo de documentación y observación puesto en marcha.

La implementación de estas acciones permitió obtener información de las agresiones cometidas contra los representantes de la prensa que cumplía su función de documentar y difundir hechos de interés público, además de ubicar a los presuntos responsables de cometerlas. El saldo: 46 casos documentados por ARTICLE 19 (30 hombres, 11 mujeres y 5 personas que por seguridad no se indica), de los que 32 casos fueron agresiones directas de policías (1 que coincidió con agresiones cometidas por persona de identidad desconocida); 8 por agresoras de identidad desconocida; 3 por civiles con comportamiento policial; y 3 por personas con rostro cubierto.

Entre estos civiles identificados como de “comportamiento policial” se encontraban varios que portaban radios, actuaban de manera organizada y pudieron haber contado con el consentimiento o aquiescencia de la policía, pues de acuerdo con la información recabada omitieron actuar contra las arbitrarias detenciones de estas personas.

ARTICLE 19 ha tenido contacto directo con 46 de los periodistas y comunicadores agredidos, quienes han relatado que durante la agresión se identificaron verbalmente como prensa, portaban gafetes o equipo de trabajo. Es decir que aun cuando usaban distintivos de prensa fueron agredidos (les infligieron dolores o sufrimientos de forma ilegítima), no sólo para evitar cumplieran con su labor informativa, sino como una especie de castigo o en su defecto para intimidarles o coaccionarles.

Ver informe completo: http://articulo19.org/informe-2-de-octubre/#sthash.BMnfSL8q.dpuf

#2deOctubre Activistas acusados de delitos fantasma, denuncian tortura.

2oct

Por Carolina S. Romero

Viejas y modernas formas de tortura incluyendo el uso de armas paralizantes han sido utilizadas contra algunos de los presos y presas políticas del 2 de octubre de 2013.

Tal vez muchas personas no saben que nueve activistas por los derechos estudiantiles en la UNAM y/o en los CCHs fueron detenidos antes de llegar a la marcha del 2 de octubre y acusados de ataques a la paz pública. O tal vez saben pero prefieren creer las calumnias difundidas en la prensa comercial (desgraciadamente no sólo en medios como el periódico La Razón) que tachan a estos jóvenes de vándalos y delincuentes.

En todo caso, hasta la fecha ninguna autoridad ha dado la cara para explicar cómo estos jóvenes podrían ser culpables de ataques que nunca ocurrieron. Dos mujeres y seis hombres que ya salieron bajo fianza siguen exigiendo una resolución absolutoria en este caso, la libertad de todos los presos políticos del 2 de octubre y en especial, de Mario González García, quien se encuentra en huelga de hambre en el Reclusorio Oriente.

A pesar de la obvia falsedad e injusticia del caso en su contra, las y los nueve activistas fueron sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante cinco días, tanto por los policías preventivos, granaderos y de investigación del Distrito Federal así como por los custodios de los penales. Sin embargo, las prácticas más crueles del poder no siempre logran su propósito de aterrorizar y paralizar a los movimientos, sino también, como dijo unos de los procesados,  pueden “enriquecer la furia y la rabia del pueblo para seguir luchando”.

Nota sobre armas de electrochoque: Parece que las armas paralizantes utilizadas en el operativo del 2 de octubre tal vez no eran del más alto poder y tampoco eran de los modelos más sofisticados fabricados por Taser International, pero Miguel Ángel Mancera se ha empeñado en dotar a los cuerpos policiales del D.F. con armas de electrochoque desde 2008 cuando era el procurador eneral de Marcelo Ebrard, mientras Manuel Mondragón y Kalb, ex jefe de la SSP-DF ahora institucionaliza su uso a nivel federal a través de la Comisión Nacional de Seguridad.

En vista de la dolorosa historia de la tortura en México, tal vez parece que estamos hablando de juguetes de niños. A final de cuentas, la tortura por choque eléctrico no es nada nuevo, como se ha documentado en mil informes y la excelente película de Costa Gavras, Estado de Sitio.  Sin embargo, el hecho de que cualquier sádico en uniforme o, si quieren, cualquier oficial bien capacitado, tenga a la mano  un aparato apto para asesinar, infligir extremo dolor, humillar y provocar irremediable daño a los nervios, nos lleva hacia un drástico aumento de la tortura en México.

En Estados Unidos, donde estas armas se usan ampliamente en las prisiones, barrios y carreteras en contra de gente indefensa,  798 personas han muerto por su impacto desde 1983, y otras 29 en Canadá.

Uno de los casos mejor conocidos es el del migrante Anastacio Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, golpeado y tased por 20 agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos cerca de  la frontera con Tijuana el 28 de mayo del 2010.  Otro es el del grafitero Israel “Reefa” Hernández, asesinado por 30 policías de Miami Beach el pasado 5 de agosto. Después de estar sorprendido pintando una pared a las 5 de la mañana, el artista corrió, los policías lo alcanzaron, le dispararon en el pecho con una stun gun (arma paralizante), y se rieron y chocaron manos mientras Reefa caía al suelo.

Desde 2007 el uso de armas de descarga eléctrica de alto voltaje es considerado una forma de tortura por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (Informe del 63º período de sesiones). Amnistía Internacional también ha llamado a los gobiernos del mundo a imponer serias restricciones al uso de Taser y otras armas paralizantes.

¿Cuáles eran los tratos recibidos por los jóvenes acusados de un delito que nunca ocurrió? 

Eric Leonel Aguilar Ruiz, José Ramírez Alcántara e Irene Pérez Villegas no se olvidan de las torturas que vivieron el 2 de octubre y en los días siguientes. En entrevista, hablaron de los actos criminales cometidos en su contra por policías y custodios. Tomemos en cuenta la siguiente definición de “tortura” al leer sus palabras:

Según la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Irene: “Para ir a la marcha del 2 de octubre, yo tomé un camión de la línea verde en la estación Viveros que iba hacia Tlatelolco. Cuando subí ya hubo mucha gente –señoras, niños. Cuando llegamos a la estación Cinco de Mayo cierran la calle y nos dimos cuenta que era un operativo. Hubo tal vez 100 o 150 policías, una mezcla de los de uniformes azules, granaderos y policías de la investigación que se conocen como judiciales, los del Ministerio Público (MP).  Un policía se sube y empieza a buscar a ciertas personas”.

Eric: “Yo tomé el camión aquí en CU. Pago mi pasaje. Me siento en el último asiento del lado derecho. Lo único que llevaba era una grabadora de voz y dos boletos de metro y un poco de dinero. Entonces pues, yo me iba durmiendo. Cuando me desperté, se escuchaban las sirenas en el centro. Me imaginaba que ya estaban las persecuciones pero todavía no empieza la marcha. Lo que pasó es que interceptaron el camión donde iba. Se subió un policía. Lo primero que hizo fue recorrer a todos con la mirada y luego señaló a un chavo y le dijo que se bajara. Luego señaló a otro y a otro y a otro. Luego me señaló a mí. Bajaron a todos los chavos que viajábamos en ese camión. Los demás pasajeros eran adultos o niños o personas de la tercera edad”.

José: Un operativo de policías detiene el camión con la justificación de que se habían radiado que ahí iban unas personas atacando con petardos y explosivos dentro del camión, siendo esto totalmente absurdo porque el camión venía repleto y si se hubiera detonado un explosivo, se hubiera lastimado a unas personas ¿no? En el camión sube un policía y empieza a señalar a ciertas personas. Soy una de las primeras y dice: “Tú, bájate”. De ese momento empieza la actitud déspota por parte de las autoridades.

Irene: Cuando bajo me dicen que ponga mis cosas encima de la patrulla. Revisan mi mochila y lo que encuentran es un desodorante, unos cosméticos, una camisa y unos cigarrillos. También tenían la orden de revisarnos el cuerpo. Deben revisar por encima de la ropa, por encima del brasier y la pantaleta  pero  metió la mano para ver si llevaba drogas, según ella. Luego me dijo la policía que agarrara las cosas y que me fuera. Y cuando me iba, el policía que estaba en el camión le dice que no me deje ir porque ya habían encontrado otra mochila. Saca una mochila negra y la abre. Está llena de botellas de vidrio y dijo que esa mochila era mía. Les dije que no, pero me dijeron no te hagas la pendeja”.

Eric: Cuando nos bajan, nos llevan a los cofres de la patrulla y nos empiezan a revisar. Unos policías nos revisan las cosas y cuando acaban las revisiones, a mí me regresaron mis cosas y a otra compa también. Entonces nadie nos tenía agarrado y nos íbamos a ir al camión, pero en ese momento llegó otro grupo de policías y ellos sí a puro golpes. Eran granaderos. Nos agarraron, nos golpearon, nos aventaron otra vez a los cofres. Nos volvieron a revisar, pero esta forma de revisión fue completamente violenta. Golpearon a todos. A mí sí.

José: Me bajan, me ponen las manos sobre la cabeza. Yo llevé mi mochila y empiezan a revisar mis bolsas, mis cosas personales, los tenis y me abren mis piernas para que me revisen la entrepierna. Me revisan todas las partes del cuerpo y me dicen que no tengo nada, pues, que me suba.  En eso, yo quiero hacer una denuncia también de que la comandante o alguien que venía en las patrullas que se llamaba Karina, dice “No no no, que no se suba, que regrese”. En la radio se escucha “aquí tenemos los R9, los R9. Necesitamos once de los R9”. Tenían órdenes de aprehender a once personas.

 

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Criminalización de la protesta social

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Miguel Concha

En el contexto de la toma de posesión del titular del Ejecutivo Federal en la ciudad de México el pasado primero de diciembre, la población fue alarmada con noticias sobre enfrentamientos entre policías y manifestantes en las calles. Era de esperarse que en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro ciudadanas y ciudadanos ejercieran sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, como formas de protesta ante un gobierno que fue cuestionado por diversos sectores nacionales e internacionales. Desafortunadamente se ha venido demostrando en los días posteriores que estas manifestaciones fueron acalladas por medio de detenciones arbitrarias e ilegales, que han implicado también diferentes violaciones a los derechos humanos, principalmente de jóvenes.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló desde un principio a las personas detenidas como pertenecientes indiscriminadamente a grupos anarquistas y al movimiento #YoSoy132 como responsable de diversos delitos graves. Sin embargo, la calificación de tales cargos ha resultado infundada en muchos de los casos, luego que las organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de los detenidos han venido documentando distintas anomalías en el operativopoliciaco y la actuación del Ministerio Público. Entre los abusos, se han detectado actos que han puesto en peligro la vida y la integridad de los manifestantes, ante el uso excesivo de la fuerza pública para dispersar las manifestaciones. Entre los casos más graves se encuentran los de Francisco Kuykendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos.

El 3 de diciembre, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos hizo un llamado urgente, manifestando su firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, y exigiendo el respeto al debido proceso de los imputados, así como el rechazo a los múltiples abusos en las detenciones de los manifestantes, con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los actores estatales a presentar públicamente a todas y todos los detenidos, para que pudieran constatar el estado en el que se encontraban, permitiendo el contacto con sus familiares y defensores.

En un contexto sumamente preocupante, agravado por las reiteradas versiones agresivas de algunos medios, familiares de las personas detenidas, organizaciones civiles, abogados que conformaron la Liga 1º de diciembre, movimientos sociales –entre ellos el #YoSoy132– y grupos de intelectuales y académicos se han articulado de forma solidaria para documentar casos y trabajar en favor de la legalidad y la justicia para cada una de las 70 personas detenidas. Entre ellas, 11 mujeres y 59 hombres, la mayoría jóvenes.

Hay que señalar que las autoridades les han imputado delitos graves –para muchos especialistas de corte político– que no alcanzan fianza, con penas que pueden llegar hasta los 45 años de prisión, por la agravante de haber sido supuestamente cometidos en pandilla. Las actuaciones ministeriales dan constancia de que se han fincado contra las personas detenidas los delitos de ataques a la paz pública, a las vías de comunicación, a la propiedad, robo en pandilla y lesiones, entre otros.

Sin embargo, las principales violaciones a los derechos humanos se cometieron al momento de las detenciones, y también posteriormente. A las personas remitidas a la Agencia 50 del Ministerio Público se les negó el contacto con sus familiares y el acceso a sus representantes legales. También por parte de cientos de policías que los cercaron a las afueras de la Agencia 50 se produjeron actos de intimidación y enfrentamiento en contra de los familiares y representantes legales. Las personas detenidas fueron posteriormente trasladadas al Reclusorio Norte, los hombres, y a Santa Martha Acatitla, las mujeres, donde los amedrentamientos e intimidaciones siguieron latentes contra los familiares y defensores.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que las y los ciudadanos no buscan optar por caminos no institucionales para expresarse libremente, sino para fortalecer el funcionamiento de las instituciones, a través del intercambio de ideas y la manifestación de sus reivindicaciones. En una sociedad democrática están convencidos de que tienen el derecho al goce y disfrute de derechos conexos. Es decir, aquellos que no son contrarios al orden establecido, aún cuando se encuentren estrechamente vinculados con actos de orden político, como los de reunión, asociación y libertad de expresión, derechos que están contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tampoco se puede restringir el derecho a la libre expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los derechos de asociación, reunión y de libertad de expresión son un requisito fundamental, indispensable para la existencia de una sociedad democrática. No así la represión, el uso excesivo de la fuerza y el patrocinio de entes desconocidos o grupos de choque que alienten o cometan delitos.

De acuerdo con el especialista argentino Raúl Zaffaroni, la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Con información de la Jornada